La modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia. Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional.